El debate está sobre la mesa. En los últimos tiempos, no pasa un mes sin que se hable, en la esfera política o en los medios de comunicación, de la necesidad de implantar, o al menos de valorar, un sistema de pago por uso en carreteras. La Unión Europea ya ha articulado los instrumentos legales para conseguir una homogeneización en los Estados Miembros y se ultima la revisión de la Directiva 2006/38/CE. Algunos países han puesto en marcha políticas de este tipo y otros estudian su viabilidad; también en España hay experiencias de inminente aplicación. El pago por uso se perfila como un instrumento imprescindible a fin de garantizar la disponibilidad de recursos para infraestructuras de transporte.

La situación económica actual nos obliga a “apretarnos el cinturón” en todo, y ese “todo” ha llegado a las infraestructuras y, con especial énfasis, a las carreteras, donde las inversiones, no sólo en construcción, sino dramáticamente también en conservación, han sufrido un grave recorte. Con este panorama, la pérdida de calidad de servicio, de valor patrimonial y de otras muchas virtudes de nuestra red viaria es inevitable. Pese a esta situación, seguimos invirtiendo ingentes cantidades de dinero en líneas de alta velocidad ferroviaria que quizá nunca lleguemos a ver fuera de un esquema financiero deficitario y, por supuesto, nunca o casi nunca a plena ocupación; seguimos abriendo aeropuertos en zonas de la geografía española donde simplemente no son necesarios, porque no hay un tráfico que lo justifique, y, de igual forma (también hay que hacer ejercicio de autocrítica), nos encontramos con autopistas de peaje con tráficos muy inferiores a los pronosticados, cuya estabilidad económica es, a día de hoy, inalcanzable sin ayudas externas.

En definitiva, los problemas vienen de la mano de graves defectos en la planificación de infraestructuras de transporte, que han llevado al empleo del dinero público en actuaciones no necesarias e infraestructuras que son deficitarias ahora y, probablemente, lo serán siempre.

No es el momento para plantear otros debates de interés como por qué se exige a la carretera que pague todos sus costes (que cubre sobradamente a través de la fiscalidad del transporte, impuestos de hidrocarburos, circulación, etc.), y a otros modos no.

Pero sí es el momento de exigir que, ante la más que probable aplicación del sistema de pago por uso, que la misma se traduzca en una mejora para todos los ciudadanos. Se deberían articular los mecanismos legales para garantizar que los ingresos derivados de la tarificación por el uso de las carreteras reviertan exclusivamente en este modo de transporte, para terminar los itinerarios pendientes, superar el déficit en conservación, mejorar el equipamiento, garantizar la incorporación de las últimas tecnologías de tráfico y de seguridad vial… Evitando que se convierta en un nuevo impuesto que se destine a otros fines.

Si vamos a pagar más, que no sea a cambio de nada, que sea a cambio de una mejor calidad de servicio de nuestras carreteras.