Editorial publicado en el nº 224 de la Revista Carreteras
Aquellos países que apuestan decididamente por la innovación, reconociendo, así, la capacidad de sus instituciones y empresas para revitalizar y modernizar la economía, han de dar pasos efectivos en la búsqueda de alianzas creíbles y serias entre los actores principales, tanto públicos como privados.
Cuando un conjunto de empresas, asociaciones, centros tecnológicos y universidades se reúnen para elaborar la propuesta de un proyecto de innovación, empleando para ello cuantiosos recursos, comienza un proceso de concurrencia competitiva que, en el mejor de los casos, termina con la adjudicación de la financiación para llevar a cabo el proyecto.
En ese momento, toda la maquinaria de la innovación se pone en marcha para hacer realidad la idea que, unos meses atrás, se plasmaba sobre el papel con la esperanza puesta en su materialización final. En la mayor parte de los casos, los proyectos se desarrollan de acuerdo a lo previsto, ocupando la justificación de las ayudas recibidas una parte importante de los trabajos. La verificación del buen fin de los fondos allegados es –y así ha de ser- la última fase del proyecto de innovación, y tanto en su realización como en la posterior supervisión es exigible el máximo rigor.
Ahora bien, si de verdad queremos que el sector empresarial español apueste por la innovación, incorporándola en sus procesos y en su modelo de negocio, y liderando el cambio disruptivo en el que el mundo está inmerso hoy, es imprescindible que la implicación de administraciones, gobiernos y políticas sea total, en igualdad de condiciones con los agentes privados.
Entre los retos a los que se enfrenta la innovación actualmente, destaca la dificultad para conseguir que los productos y servicios que se generan como resultado de los procesos de investigación e innovación se trasladen al mercado. Además, otro de los ámbitos con potencial de mejora es la licitación y contratación, cuyos procesos deberían optimizarse para estimular la innovación. En este sentido, la Compra Pública de Innovación es un ejemplo a seguir.
La Organización Internacional del Trabajo hace referencia a que “las empresas innovadoras son más competitivas y crean más empleos”. Si España apuesta realmente por la innovación, el sector privado tiene que percibir un espíritu colaborativo desde el ámbito público. De lo contrario, no debemos sorprendernos si el interés y el entusiasmo por participar en proyectos innovadores acaba decayendo.