Los datos son la base de cualquier investigación y de todo estudio en profundidad. En el caso de la carretera, esta afirmación es, si cabe, aún más evidente. Si no se cuenta con datos de accidentalidad, no será posible realizar análisis de tendencias y difícilmente se podrán articular estrategias para cambiar las situaciones más preocupantes. Si carecemos de acceso a los datos de inversiones en construcción y conservación de carreteras, es imposible valorar el estado actual de la infraestructura y trasladar a la opinión pública los resultados de dicho análisis.

No obstante lo anterior, en fecha reciente se han producido dos hechos sorprendentes en relación al acceso a datos oficiales en el campo de la investigación viaria que contravienen abiertamente la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno vigente desde 2013.

Contra todo pronóstico, la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior, a fecha de diciembre de 2015, no ha publicado los datos de accidentalidad detallados del año 2014; el último dato completo disponible es del año 2013. Hasta este momento, los anuarios estadísticos de accidentalidad se publicaban en los meses de verano. Más de 5 meses de un retraso difícilmente justificable.

Por su parte, el Ministerio de Fomento ha “reestructurado” sus valiosos Anuarios Estadísticos, en los que se recogía información detallada y de gran relevancia para analizar la evolución de distintos parámetros viarios (longitud de la red, tipos de carreteras, partidas presupuestarias, volumen de tráfico…). Por arte de birlibirloque, el capítulo 3, tradicionalmente dedicado a inversiones ejecutadas y donde figuraban, por tanto, las cantidades destinadas a construcción y conservación en la Red del Estado, Redes Autonómicas, de Diputaciones Forales, de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells, ha desaparecido de los cuatro últimos anuarios disponibles en la página web del Ministerio. Tan siquiera se ha modificado el índice, en el que se aprecia un salto incompresible del capítulo dos al cuatro, dejando al descubierto la ausencia del añorado tercer epígrafe. Y para compensar a las mentes ávidas de información, se ha añadido en el Anuario de los últimos ejercicios un curioso indicador que proporciona las inversiones medias de todas las Administraciones en los últimos cinco años por cada 1.000 habitantes o por kilómetro de red.

Seamos rigurosos. Transparencia no es sólo que el ciudadano tenga acceso a la declaración de la renta de los altos cargos públicos. Transparencia es que la información de lo que se hace con el dinero de los contribuyentes sea, al menos, accesible.

¿Hasta cuándo el apagón estadístico en nuestras carreteras?