Editorial publicado en la revista Carreteras – nº 195 – Mayo/Junio de 2014
La Asociaación Española de la Carretera (AEC) realiza desde los años ochenta una auditoría periódica del estado de conservación de las carreteras españolas. La última se ha llevado a cabo en el segundo semestre de 2013, y sus conclusiones se han venido desgranando desde octubre pasado, mostrando una realidad poco alentadora. Y es que, lejos de mejorar con respecto a los datos obtenidos en 2011, la situación general ha empeorado significativamente.
La investigación de la AEC ofrece una instantánea de la red viaria española, sin hacer distinción entre red estatal y autonómica, ni entre red de alta capacidad y red convencional. Una foto fija que muestra la consolidación de una tendencia negativa en el estado de conservación de todos los elementos estudiados: señalización vertical y horizontal, firme, balizamiento, barreras de seguridad e iluminación.
“A grandes males, grandes remedios”, sentencia el socorrido refranero español.
Es cierto que, hasta la fecha, las previsiones inversoras de las distintas Administraciones gestoras de carreteras no están contribuyendo a la esperanza de un cambio de escenario. Pero no lo es menos que la presión social derivada del convencimiento general de los ciudadanos de la importancia del adecuado mantenimiento de las infraestructuras viarias puede acelerar la transformación del modelo.
En algunos ámbitos de la vida política empiezan a darse pasos en esta dirección. Así, a finales de abril, el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia presentaba a la Mesa del Congreso de los Diputados, con vistas a su debate en el Pleno, una Proposición No de Ley para instar al Gobierno a asociar la inversión en conservación de la Red de Carreteras del Estado al valor patrimonial de dicha red, y a desarrollar un plan de choque para la recuperación de los déficits de mantenimiento acumulados.
De ser así, el ejercicio 2015 podría marcar un antes y un después en esta materia. La solución, tal y como propone el Presidente de la Asociación Española de la Carretera, pasaría por implementar un Plan PIVE para las carreteras españolas, siguiendo la estela adoptada para reactivar otros sectores de la economía.
Declaraciones recientes de responsables del Ministerio de Fomento parecen estar en esta línea, al asegurar que la reducción de las partidas presupuestarias destinadas a carreteras “ha tocado fondo”. Una circunstancia que debería generalizarse también en al ámbito autonómico.
Alentadoras noticias todas ellas que nos llevan a pensar que estamos en el momento propicio para revisar las prioridades en cuanto a la asignación de los recursos en materia de infraestructuras. El momento perfecto para adquirir compromisos con un modo de transporte que, como reza la portada de esta edición, es soporte del tejido económico y pilar del tejido social.
Ha llegado la hora de poner remedio a los males que aquejan a nuestro patrimonio viario, adoptando soluciones responsables que eviten que la curva del estado de las carreteras siga cayendo.