Jacobo Díaz Pineda, Director General  de la Asociación Española de la Carretera

Artículo publicado en El Mundo, Anuario Especial 2013

 

Hay polémicas que mueren al nacer. Y así ha ocurrido con la suscitada por la introducción en el borrador del nuevo Reglamento General de la Circulación –en trámite parlamentario en estos momentos- de la propuesta de incrementar a 130 kilómetros por hora el límite de velocidad en ciertos tramos de autovías y autopistas.

Tras conocerse este cambio, las valoraciones inmediatas parecían resumirse en un “ya podemos correr más al volante” criticado por unos y alabado por otros.

Sin embargo, la realidad es otra, y a poco que uno se documente, se da cuenta rápidamente de que la reforma va a suponer de facto una reducción generalizada de los límites de velocidad tanto en el ámbito interurbano como en ciudad.

La Asociación Española de la Carretera elaboró hace unos años un estudio –en colaboración con las universidades politécnicas de Madrid y Valencia- en el que se aboga por la revisión de los límites de velocidad en función no sólo del tipo de vía sino también de la siniestralidad real registrada en la infraestructura, las condiciones meteorológicas o la luminosidad que en cada momento presente la carretera.

Este planteamiento coincide en muchos puntos con lo propuesto ahora en el borrador del Reglamento, que tampoco generaliza el aumento de velocidad en las vías de alta capacidad, sino que lo focaliza en determinados tramos.

Sin embargo, mientras que nuestra propuesta consiste en fijar un valor de velocidad que sirva como referencia para cada tipo de carretera –no sólo autopistas- y establecer un porcentaje de variación al alza o a la baja en función de las circunstancias y de la accidentalidad real de cada tramo, el Reglamento de la circulación es mucho más restrictivo.

Si, tal y como se plasma en el documento, el incremento afecta exclusivamente a tramos de autopistas o autovías comprendidos entre dos paneles de mensaje variable ya instalados, la medida pierde buena parte de su potencialidad, pues hay recorridos que, pudiendo beneficiarse de la subida por sus características, no podrán hacerlo al no disponer de estos pórticos.

Si a esto unimos el descenso de velocidad propuesto para las carreteras convencionales –que, no lo olvidemos, representan en longitud el 90% de nuestra red-, y para las calles de un solo carril por sentido, lo cierto es que nos encontramos claramente ante una reducción notable de la velocidad media de circulación.

Todo ello nos parece que no está suficientemente justificado y supone una medida excesivamente conservadora, ya que durante la última década las cifras de mortalidad en carretera se han reducido a la mitad. Como venimos recordando desde la Asociación Española de la Carretera, quizás el problema no sea la velocidad excesiva sino la velocidad inadecuada.

Pensándolo bien, quizás la polémica aún no esté enterrada.