Editorial publicado en la revista Carreteras – nº 189 – Mayo/Junio de 2013

En las sociedades contemporáneas 
el ejercicio adecuado y consciente 
de los derechos democráticos del ciudadano 
depende crecientemente de la comprensión 
de la ciencia por el pueblo.
 National Science Foundation,
Estados Unidos, 1996

 Ya iba siendo hora de que, como ciudadanos, comenzásemos a conocer realmente lo que nos cuestan determinadas políticas de transporte que están llevando a cabo los gobiernos de nuestro país desde hace ya una decena de años.

 Hemos de agradecer el que se nos haya facilitado una información que nos permite conocer cómo se gasta el mal llamado “dinero público”, que no olvidemos tiene dueños: todos los ciudadanos. Y los ciudadanos debemos pedir y exigir a nuestros gobernantes una gestión eficaz y eficiente de esos recursos económicos que provienen de nuestros bolsillos.

 En declaraciones a la Cadena SER el pasado 4 de abril, la Ministra de Fomento, Ana Pastor, afirmaba que “cada ciudadano paga 432€ cada vez que alguien se sube al tren”.

 ¿Y conocer ese dato no les hace reconsiderar la política de transportes que están implantando? O, mejor dicho, que continúan implantando, puesto que los gobiernos anteriores también mantuvieron, contra viento y marea, una política inversora en velocidad alta a costa de recortar las inversiones en la conservación y mantenimiento del sistema de transporte que es utilizado por más del 90% de la población y el 85% de las mercancías de nuestro querido, y hoy pobre, país. Sí, en efecto, de la carretera.

 Los técnicos hablan, y no son escuchados, de una necesidad de inversión anual en conservación de carreteras del 2% del valor patrimonial de la red. Si estimamos el valor actual de la red del Estado en el entorno de los 85.000M€, deberían dedicarse a conservación 1.700M€ anuales. Y estamos, realmente, en unos 900M€.

 Análogamente, el valor patrimonial de la red de carreteras de las Comunidades Autónomas, de las Diputaciones Forales, Cabildos y Diputaciones Provinciales está en el entorno de los 115.000M€, lo que se traduce en unas necesidades de inversión anual en conservación cifradas en 2.300M€, en tanto que la inversión real en este capítulo se sitúa en 1.150M€.

 Ni los firmes, ni la señalización vertical y horizontal, ni el balizamiento, ni los elementos de contención se pueden conservar adecuadamente con estos recursos. Unos niveles de inversión que, por otra parte, derivan en un incremento anual de 2.000M€ en el déficit en mantenimiento viario para el conjunto de las carreteras españolas.

 Y no olvidemos que las arcas públicas ingresan un buen pellizco cuando los viajeros y las mercancías circulan por las carreteras. Ahí están los impuestos del combustible a gasolina, del gasoil, de circulación,…

 La carretera genera unos ingresos al Estado cuando es utilizada por personas y bienes, en tanto que el ferrocarril debe ser financiado para poder ser utilizado. Y esta vez no lo decimos nosotros, los técnicos, esta vez lo ha dicho la Ministra de Fomento.

 Y ya que conocemos cuál es el coste de financiación del uso del ferrocarril, parece que va siendo hora de racionalizar las inversiones en los diversos modos de transporte. Es hora de atender la conservación y mantenimiento del medio de transporte mayoritariamente utilizado en nuestro país.

 No somos tan ricos como para poder desinvertir en nuestras carreteras.