Editorial publicado en la revista Carreteras – nº 185 – Septiembre/Octubre de 2012

Es cada vez más frecuente escuchar en estos tiempos que hay que “hacer más con menos”. Dicho esto por un alto representante de la clase política con responsabilidades en infraestructuras, puede parecer que esas palabras van a ser el prólogo de un cambio en la manera de hacer las cosas.

 La realidad es obstinada y a veces mucho más compleja.

 La maquinaria administrativa que mueve la contratación de servicios y obras públicas, en todos los sectores, pero en particular en la construcción, conservación y explotación de los servicios públicos de transporte en un sentido amplio (carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos) responde a un ordenamiento jurídico ciertamente complejo.

 Este ordenamiento jurídico se fundamenta en las leyes que rigen el procedimiento administrativo y la contratación pública, que son de aplicación general para todos los procedimientos, y que tienen como objetivo garantizar la máxima concurrencia y transparencia.

 Estas leyes son el resultado de la transposición de directivas comunitarias donde el margen de actuación es muy escaso.

 Queda sin embargo, otro punto en el que sí hay margen de actuación: el establecimiento de las especificaciones de proyecto nacionales, que desarrollan propiamente el negocio sectorial de que se trate, y que sin lugar a dudas recogen aspectos múltiples: experiencia nacional en sentido amplio, criterios de políticas de gestión que se aplican en las diferentes situaciones, preferencias del país, disponibilidades de materiales, disponibilidad de maquinarias en el parque, etc.

 No se trata de apostar por un cambio de normas sobre materiales, que ya están sometidos a procedimientos europeos armonizados de control de calidad, sino que se trata de una modificación profunda de las especificaciones de proyecto nacionales.

 Cuando nos enfrentamos a esta situación, para “hacer más con menos”, podemos actuar únicamente sobre las especificaciones nacionales de proyecto redefiniendo las políticas de construcción, conservación y explotación, adaptándolas a las nuevas circunstancias, lo que no significa en ningún caso una reducción de calidad, sino una modificación de los sistemas y parámetros de actuación, buscando nuevos modelos más eficientes.

 Esta complicada tarea debe ser abordada por los responsables de la administración con la máxima colaboración del sector empresarial, los proyectistas, los fabricantes de materiales y de maquinaria, para lograr el mejor resultado, que no es otro que el máximo bienestar para la sociedad y garantizar la seguridad vial de los ciudadanos. Es una tarea difícil, pero el desafío está ahí.

 Nuestros máximos responsables políticos ya lo han dicho, hay que “hacer más con menos”.

 Seamos proactivos. Ahora toca, en nuestro caso, al sector de las carreteras y en particular a los máximos responsables de las administraciones para la conservación de los firmes de carreteras, recoger el reto y comenzar a reclamar nuevas ideas para aportar soluciones, cuanto antes, al sector, a los proyectistas, a los fabricantes de materiales y a los fabricantes de maquinaria que permitan que las nuevas opciones lleguen lo más rápido posible para salvar a este sector y a nuestras carreteras. El deterioro viario es muy evidente. Es urgente e importante. Nuestro patrimonio vial y la seguridad de todos están en juego.